La ley de Segunda Oportunidad: las claves de un caso real

Dos pies desnudos sobre la arena. Delante de cada pie hay una flecha que indica como dos caminos distintos, dos direcciones hacia las que esta persona se podría dirigir.

Foto de Marlon Trottmann en Pexels

La pandemia provocada por la Covid-19 está arrastrando a muchos profesionales, pequeños comerciantes y autónomos a una grave crisis económica. La ley de Segunda Oportunidad puede ser su salvación.

 

Estas personas, en poco tiempo, irán acumulando unas deudas tanto con proveedores como con trabajadores (si los tienen), además de con la propia administración. Y si no encuentran una solución rápida a esta situación, les llevará directamente a la ruina. Esta solución rápida se llama ley de Segunda Oportunidad.

Sin embargo, muchos no saben que nuestro ordenamiento contempla una solución que facilita la posibilidad de superar este bache económico y salir de la crisis. Se trata de la ley de Segunda Oportunidad, una ley que podría equipararse al concurso de acreedores de las empresas, pero pensada para las personas físicas.

En FR&P Abogados hemos representado en los últimos tiempos a muchos clientes que se han visto obligados a recurrir a esta ley de Segunda Oportunidad. El motivo no es otro que encontrar una solución a su grave situación económica. El ejemplo más claro de los beneficios de esta ley lo representa el caso de uno de nuestros clientes, D. Ricardo, que acudió a nuestro despacho con la finalidad de intentar resolver su situación financiera, que en ese momento era muy complicada.

Un caso real

Este cliente, empresario de la construcción, arrastraba desde hacía años una deuda de 60.000 €. La mayor parte de este dinero lo reclamaba una entidad bancaria, con la que había suscrito un préstamo. Don Ricardo se venía dedicando al negocio de la construcción desde el año 2006. Al poco tiempo se vio salpicado por la crisis económica que llegó años más tarde y que afectó con dureza a este sector económico.

Como hicieron muchos empresarios, obligados por la situación, don Ricardo tuvo que solicitar financiación a una entidad bancaria. Tenía que hacer frente al pago de los salarios de sus trabajadores, además de otras obligaciones. El banco le exigió, para garantizar el préstamo, un aval personal sobre dicho crédito.

Sin embargo, esta inyección económica no fue suficiente para resolver la situación. En 2009 tuvo que cesar en su actividad ya que no podía hacer frente a las obligaciones económicas que había contraído. El banco, lógicamente, quiso recuperar el préstamo y le reclamó el dinero a nuestro cliente. Al haber firmado como avalista y no poder devolver el dinero, el banco embargó todos sus bienes, incluyendo su propio salario.

Pero además del capital solicitado, y que no había devuelto, también el banco le estuvo reclamando el devengo de los intereses. La deuda iba poco a poco aumentando, a medida que se iban sumando los intereses. Esto provocó que nuestro cliente acumulara una deuda de 52.000 euros, que le estaban reclamando sus acreedores.

Hora de acudir a un profesional

Fue en septiembre de 2019 cuando el cliente acudió a FR&P Abogados. Quería informarse sobre la Ley de Segunda Oportunidad. Se le facilitó toda la información que precisaba y decidió contratarnos. Estudiamos minuciosamente la documentación que nos aportó y analizamos el caso. Decidimos iniciar un procedimiento concursal sobre la persona física.

El juzgado aceptó nuestra petición de concurso. La primera decisión que adoptó el juez, en noviembre de 2019, fue designar un mediador concursal mediante notario. La ley de segunda oportunidad se había puesto en marcha.

Ya en febrero de 2020 se celebró la Junta de Acreedores, que terminó sin acuerdo. Un mes más tarde presentamos la demanda de Concurso Consecutivo y en el mes de agosto de 2020 presentamos una solicitud de beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).  Esta petición fue aceptada inmediatamente por el juez de Primera Instancia número 4 de Palma, ya que nuestro cliente reunía los requisitos para poder aplicarle esta ley. En menos de un año, nuestro cliente pasó de una deuda de 52.000 euros a no deber absolutamente nada. Y ello en virtud a esta ley de Segunda Oportunidad.

Un proceso complejo

Sin embargo, no se trata de un procedimiento sencillo, sino todo lo contrario. La ley de Segunda Oportunidad tiene muchos escollos y presenta numerosas dificultades para su aplicación. Esto siempre obliga a la intervención de un profesional especializado en esta materia. Una de las dificultades más significativas es que a partir del momento que se declara este concurso, se suspenden todas las facultades económicas del deudor. Así pues, el deudor deja de controlar su patrimonio o su actividad económica. En el caso de nuestro cliente, el banco pasó a controlar sus tarjetas bancarias, bloqueó sus cuentas y le impidió operar con ellas.

Para solucionar esta contingencia surgida en el concurso tuvo que intervenir el administrador concursal, quien en unos días resolvió la situación. El administrador se personó en la entidad bancaria para desbloquear las cuentas. A partir de ese momento pasó a administrar los ingresos y gastos del cliente, quien siempre pudo disponer del importe correspondiente al salario mínimo interprofesional, que es inembargable.

Sería falso decir que esta ley de Segunda Oportunidad termina con todas las deudas. Con la mayoría sí, pero no con todas. Por ejemplo, nuestro cliente sí tuvo que abonar las deudas que había acumulado con la Agencia Tributaria, que le exigía el pago de varios impuestos de circulación que en su momento no había podido pagar. No obstante, fue una cantidad que no superó los 400 euros. También es requisito pagar los honorarios del mediador concursal, el administrador concursal, abogado y procurador para poder optar al BEPI.

Como consecuencia del procedimiento concursal y de la obtención del BEPI, nuestro cliente fue incluido en el Registro Público Concursal, y permanecerá en él durante un periodo de cinco años. Ello es relevante porque dicho registro es consultado por las entidades de crédito para valorar la solvencia de las personas que quieren acceder a la financiación.

En cualquier caso, los beneficios de haber obtenido la exoneración  del pago de las deudas superaron con creces las desventajas y dificultades que tuvimos que superar.

La satisfacción del trabajo bien hecho

Este caso es el ejemplo más claro de que esta ley se convierte en un mecanismo legal que permite a una persona física, inmersa en una situación económica difícil de resolver en poco tiempo, poder iniciar un nuevo proyecto empresarial. A su vez, la ley de Segunda Oportunidad permite abandonar la economía sumergida para subsistir, o simplemente dejar de vivir bajo la amenaza constante de un embargo.

Y lo más importante para FR&P Abogados es que nuestro cliente quedó completamente satisfecho con los servicios que realizamos. Le ayudamos a liberarse de una deuda a la que no podía hacer frente, que iba aumentado mes a mes y que incluso podría haber trasladado a sus herederos. Nuestra satisfacción fue máxima por ayudar a una persona a iniciar una nueva vida y que dejará atrás esta cuantiosa deuda.

Es importante advertir a los posibles afectados por la crisis económica que se planteen recurrir a este recurso legal que los mecanismos que contempla la Ley de Segunda Oportunidad están condicionados por un denominador común: todo el patrimonio que se posee debe ponerse a disposición de los acreedores, con ciertas excepciones con respecto a la vivienda habitual. Y una vez que se liquida el patrimonio del deudor es cuando se obtiene el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho.

En cualquier caso, nuestra sugerencia a todos los profesionales, comerciantes o autónomos que están atravesando una complicada situación económica motivada por la pandemia sanitaria es que acudan a nuestro despacho. Con toda seguridad podremos orientarles para que encuentren la mejor solución a sus problemas económicos.

 

Miguel I. Forteza-Rey Colom

Abogado - Socio de FR&P
Especialista en Derecho Civil, Mercantil y Penal Económico
BIO

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